La provisión tradicional de infraestructura y servicios
públicos en el mundo se enfrentaba a múltiples retos, principalmente
relacionados a la disponibilidad limitada de recursos presupuestarios, a un
endeudamiento público creciente y a bajos estándares de operación y
mantenimiento de la infraestructura construida y de los servicios prestados a
los ciudadanos. En este contexto surgen las Asociaciones Público Privadas como
una alternativa para financiar y desarrollar proyectos de infraestructura
asociados a la provisión de servicios, mediante una mayor participación del
sector privado.
En las APP, la participación privada se da a través acuerdos
contractuales de largo plazo entre el gobierno y un socio del sector privado,
donde este último típicamente financia y provee un servicio público usando un
activo de capital o de infraestructura.[1] Las
Asociaciones Público Privadas le permiten al Estado tener el beneficio de un
proyecto de infraestructura a un costo competitivo, pero pagando esta inversión
a lo largo del tiempo y transfiriendo ciertos riesgos que el sector privado
está mejor posicionado para asumirlos. En tiempos de recortes presupuestales se
convierte en una gran alternativa para avanzar en reducir la brecha en
infraestructura que seguimos teniendo en el país. La asociación entre un ente
gubernamental que quiere desarrollar un activo de infraestructura y
participante del sector privado que ha demostrado las capacidades técnicas y
financieras para completar este desarrollo a cambio de una compensación o
contraprestación acordada estableciendo los riesgos que asume cada una de las
partes (gobierno y sector privado) y rige la relación comercial durante la vida
del proyecto.
Generalmente el ente gubernamental que busca hacer este desarrollo
realiza un análisis de las opciones que tiene para llevarlo a cabo, por
ejemplo, como obra pública o como una Asociación Público Privada donde se
analizan las ventajas y desventajas de cada modelo de procura y establece la
manera considerada más óptima para la provisión del servicio de infraestructura
requerido, tomando en cuenta los costos de cada opción y los beneficios
sociales y económicos del proyecto. Este proceso incluye un análisis de
rentabilidad, tanto social como económica, se establece una propuesta de qué
riesgos se asignan a la parte que está mejor posicionada para asumir dichos
riesgos.
En este caso podemos estar hablando de diseño, costos y tiempo de
construcción, financiación, riesgo de tasas de mercado, entre otros. De manera
que si la autoridad decide que una Asociación Público Privada es la manera más
eficiente para proveer el servicio de infraestructura requerido, procede a
convocar a una licitación pública para que el proyecto se realice bajo estos
parámetros, debe estar correctamente planteada y estructurada para satisfacer
una necesidad de infraestructura real y demandada por la sociedad, donde el
beneficio sea mayor al costo, y exista un beneficio tangible para la población.
La división de riesgos debe de hacerse de tal manera que cada riesgo resida
del lado de la parte que está mejor posicionada para tomar dicho riesgo. El
ente gubernamental le transfiere ciertos riesgos importantes de la realización
del proyecto al privado que ganó la licitación y este busca acotarlos gracias a
su experiencia previa, conocimiento, posibilidad de escalar los ingresos, y la
correcta estructura del capital permitiendo
enfocarse en el área donde agregan mayor valor, con soluciones para
infraestructura a largo plazo, con contratos con duraciones de 20 o más años, lo
cual requiere contratos que puedan responder a todo tipo de situaciones durante
la vida de las asociaciones, estabilidad jurídica y en algunos casos
aprobaciones presupuestales multianuales al finalizar el contrato, la propiedad
del proyecto se revierte a la autoridad contratante.
El interés en expandir el modelo debe incluir la obligación de presentar
propuestas con financiamiento comprometido para poder llegar a un cierre
financiero de manera más expedita, mecanismos de ajuste de tasas de interés
entre la presentación de propuestas y el cierre financiero, las Asociaciones
Público Privadas son una herramienta clave para la provisión de servicios de
infraestructura, permitiéndole al gobierno detonar la inversión privada en
infraestructura esencial.
Este modelo, bien realizado, proporciona una reducción de costos al
Estado y es clave para que la inversión privada pueda participar en las
licitaciones, sabiendo que existe el apoyo político y social para implementación
maximizando sus ganancias ofreciendo garantías al sector privado y, esto a
menudo, significa que el sector privado puede recibir ganancias, mientras que
el riesgo sigue estando con el sector público. Muchas de estas garantías crean
costos reales para el sector público desde el inicio del contrato, tales como
acordar el pago de una cierta cantidad anual, pasivos contingentes, en los que
el gobierno garantiza los pagos si los ingresos no se ajustan a un cierto nivel,
teniendo un impacto financiero que, si el gobierno estuviera prestando
directamente, pero las obligaciones de pago no están incluidas en las cifras de
deuda del estado. Esto permite que los pagos de la deuda estén ocultos de la
vista del público.
El costo el estado en la inversión suele ser mayor que si simplemente se
hubiera pedido el dinero prestado directamente. Esto se debe a que el
endeudamiento del sector privado cuesta más, los contratistas privados exigen
un beneficio significativo y, las negociaciones normalmente favorecen al sector
privado, en particular, cuando el gobierno y su capacidad para desarrollar los
contratos con las son débiles, como suele ser el caso de los países en
desarrollo evidenciando que son la forma más cara disponible a los gobiernos
para desarrollar la infraestructura. [2]
La información de las condiciones impuestas por los contratos no es
publicada y por lo tanto el público no tiene acceso a su contenido. Los
gobiernos, las empresas privadas y las instituciones multilaterales pueden
esconderse pretendiendo que una inversión es de alguna manera más barata porque
el sector privado participa y, con ello, ocultar el costo real para el
gobierno.
Al mismo tiempo, el público permanece ignorante de los verdaderos
riesgos financieros que enfrentan los gobiernos ocasionando un verdadero
iceberg en las finanzas públicas, dotando de elementos que validen su
aceptación en la sociedad, así como la apoderación capitalista del proceso de
producción y mantenimiento de los espacios de carácter público.
[1] Asociaciones Público Privadas como
Alternativa de Financiamiento para Entidades Federativas, Centro de estudios de
las finanzas publicas México 2016
[2]
María Eugenia Arzayús (2016) Análisis externo, los activistas advierten sobre
el "iceberg de la deuda" en la cumbre de finanzas privadas de áfrica.
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