El esquema de asociación público-privada ha cobrado importancia como
complemento de la inversión pública tradicional; sin embargo, nunca será un
sustituto del papel que debe cumplir el gobierno, dado que la participación del
sector privado no siempre es adecuada o siquiera viable en proyectos de
infraestructura y oferta de servicios públicos. Siempre hay que tener presente
que la responsabilidad última del gobierno es continua e intransferible y la
sociedad seguirá responsabilizando al gobierno por la calidad de los servicios
públicos.
A pesar de no contar con casos exitosos en su totalidad del
Gobierno Federal, apuesta fuertemente a las asociaciones públicas privadas
donde el costo del financiamiento de la infraestructura pública a través de un
contrato de prestación pública de servicios podría ser superior al esquema
tradicional, la deuda pública al sector privado requiere una tasa de retorno
superior a la tasa requerida por el sector público, esta diferencia impacta en
las finanzas públicas y en la capacidad gubernamental para mantener y expandir
los servicios existentes, si bien la inyección de recursos privados permite
satisfacer las necesidades y proveer servicios públicos que no podrán haberse
propuesto o no atendido a corto plazo, que en su conjunto son prueba de la
distribución selectiva de los recursos públicos y de la colusión del Estado con
sectores empresariales específicos, cuyas funciones están lejos de atender el
interés nacional y el desarrollo del país.[1]
Sin embargo también en el largo plazo se acumulan pasivos durante la
vida del contrato, dado que se trata de contratos de largo plazo superiores a
15 años en lo que la contraparte privada se podrá observar cambios en,
estrategias de inversión, en la organización y en la propiedad o en la junta
directiva, finalmente los contratos de Asociación Pública Privada, emergen
cuando un inversionista privado y el gobierno identifican una oportunidad que no
necesariamente responde a las necesidades urgentes y plenamente identificadas
de la población, en ese caso el sector privado las desarrolla con un costo
extra, es decir, los contratos de prestación pública de servicios pueden
producir una situación no prevista, es decir arrojar resultados negativos y
reducir la capacidad del gobierno para proveer los servicios adecuados, es
prácticamente imposible identificar todas las contingencias que puedan
presentarse, tales como casos de asociación con fines de lucro, debido a
omisiones no precisadas en su marco legal, en los contratos originales o que no se prevén de manera muy general, lo que
abre la posibilidad de hacer mucho más rentable la posibilidad de ganancia y
mercantilización del espacio.
La captura del Estado por parte
de corporaciones, reconocida por la corrupción estructural, observada tanto en
el sector público como privado, ha contribuido a fortalecer a un grupo
privilegiado de empresas, lo que ha ocasionado que incrementen los casos de
corrupción, la estructuración o ejecución de proyectos con sobrecostos y el
paso de altos ejecutivos del sector público al privado que ha ocasionado una concentración del poder económico
en las manos de las élites económicas y empresariales, cuyas conductas han
generado, que las entidades públicas asuman compromisos financieros más allá de
lo aceptable para sus economías.
Las APP no sólo evidencian la colusión y la evidente apropiación del
Estado, por parte de intereses privados, sino que ahora encuentran un
expediente legitimador y regulizador para continuar con dicha disfuncionalidad.
El sector privado encuentra en la app un sustento legal por medio del cual
pueda privatizar la ganancia, y socializar cualquier posible pérdida. Esto
ocurre fundamentalmente porque la importancia de los servicios y bienes que
mediante esquemas app puede prestar un privado es motivo suficiente para que el
Estado haga frente a cualquier posible eventualidad.
Como se expuso líneas arriba, los esquemas APP plantean serios problemas
al control presupuestario y al endeudamiento público, a los derechos sociales y
al bienestar de la población en general. Derivando en altos costos para
las finanzas públicas son asumidos por los ciudadanos de dos formas:
a través de impuestos o destinando recursos públicos (que originalmente se
destinarían para otros sectores como la salud, educación, vivienda, agua
potable o alimentación), para el pago de los pasivos del Estado. Adicionalmente, cuando
algunos de los riesgos del modelo APP son asumidos por el sector privado, se
pueden ocasionar efectos como el aumento en los costos por el uso de
servicios.
En general, la experiencia de México con respecto a las APP muestra, que
delegar demasiadas responsabilidades al sector privado frecuentemente resulta
en una pérdida significativa de eficiencia donde la estrategia de apropiación
por parte del sector privado es capaz de valerse de cualquier método para su
aprobación general, dotando el servicio, la infraestructura o el mismo espacio
de signos y características de uso, muchas veces sobrevaluados. Es en donde las
APP enuncian mejoras y virtuosismos creados por el mismo sistema capital.
Vincular las uniones publico privadas no ha sido una tarea fácil para el
sistema capitalizas, uno de los mecanismos de los cuales el sector privado se
ha valido a través de la APP ha sido la Cultura que es el conjunto de
conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a
una clase social, a una época, de esta manera la explotación de la cultura
añade un aliciente a la población para conseguir mejorar la calidad y
eficiencia de la misma población. La manera de lograrlo, es agregarle un valor
añadido al sentido de cultura. Para alcanzar este objetivo, es indispensable
que toda la población se asuma como involucrada en esta cultura de mejora, y no
únicamente unos pocos elegidos y de esta manera trabaje o se dote de las
condiciones necesarias para lograr la mejora social.
[1]
SANDOVAL Ballesteros Irma Eréndira, (2015) Interés
público, asociaciones público-privadas y poderes fácticos México: UNAM,
Instituto de Investigaciones Sociales, Laboratorio de Documentación y Análisis
de la Corrupción la Transparencia.
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