Frente al imparable proceso de globalización económica y homogeneización
de los mercados, se observa un interés creciente e inminente, por privatizar
todo espacio público hacerlo rentable[1], dado
que la iniciativa privada ocupa papel cada vez más activo, se apropia de
presupuesto público respaldado desde las mismas instituciones con la creación
de políticas públicas que en la
actualidad favorecen al sistema capitalista, cuya función se basa en la
propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital
como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del
mecanismo del mercado de esta manera poco a poco se ha infiltrado en la
creación y manejo de las políticas
públicas, mediante las cuales operan con presupuesto público, que puede ser
ocupado en programas, equipamiento y servicios,
que realmente beneficien a la sociedad y deriven de una política pública
justa e incluyente que ante la obligación mundial de los gobiernos de dotar de
servicios, infraestructura y espacios públicos a la población, desde la década
de los 80s hasta la actualidad como lo hemos explicado en la temática anterior
en el panorama global se ha venido introduciendo distintas manifestaciones el
modelo neoliberal, con la implementación de una serie de reformas, provocando
cambios políticos, sociales y económicos inmersos en la realidad de cada uno de los miembros de la
sociedad.
Como lo son como la promoción del financiamiento, coordinar, focalizar y
priorizar las acciones conjuntas entre el sector privado y los distintos
órdenes de gobierno, la colaboración entre el sector privado y el gobierno para
desarrollar los sectores con mayor impacto debido a que la economía nacional
presenta una escasez de bienes. Producto de estos cambios es la reconfiguración,
no sólo de funciones y atribuciones entre los sectores públicos y privados sino
también sobre la nueva relación Estado, sociedad y sector privado[2].
El Estado no solo tiene el mandato constitucional de garantizar
progresivamente el derecho de la población a satisfacer sus necesidades básicas,
sino que posee el máximo potencial para expandir la mejora social a toda la
población de un país. En consecuencia, tiene la capacidad de desarrollar,
regularizar o implementar políticas públicas que regulen las alianzas que
realiza con la industria privada poseedora del financiamiento, los medios de
producción y la capacidad técnica para desarrollar estas mejoras. Regulando el proyecto
de convertir los espacios públicos en privados y mercantiles, en actores
principales de la producción que obedecerán aún mundo corporativo, con sus
asociados y subalternos donde el Gobierno normalizará la negociación para una
gobernabilidad[3]
en que los pueblos muestren ser objetos de los que mandan donde el Estado
encarna el interés general de la sociedad, en cambio la iniciativa privada
representa los intereses particulares, la sociedad se identifican con la
actividad económica.
Resultado de esta progresiva modificación del contexto del cambio
económico mundial conllevó a su vez a procesos de reforma en las organizaciones
gubernamentales que decidieron dar oportunidad a organizaciones del sector
privado de participar en aquello que hasta entonces se concebía como una tarea
fundamental del Estado producir y entregar servicios públicos. Bajo este
contexto de conversión, se ha generado un discurso justificador respecto a los
novedosos métodos de participación que se dan entre el sector privado y
gubernamental. Por un lado, se tienen como ejemplo los argumentos acerca de
procesos de privatización de los cuales destacan el otorgamiento al sector
privado de utilizar los activos del gobierno para producir de manera rápida y
eficaz servicios públicos y brindarnos una mejor calidad en servicios públicos
a precios competitivos. Y por otro lado procesos licitaros, bajo los cuales se
otorgan posibilidades de explotación de activos con procedimientos
estandarizados de concesión a través de subastas o licitaciones
gubernamentales. Mientras lo primero busca introducir la competencia en
mercados que estuvieron en manos del gobierno por muchos años, lo segundo
persigue maximizar los ingresos y por lo tanto mejorar al menos en corto plazo
las finanzas de los gobiernos. (Laffont, J. J. Y Tirole, J., (1993) pag 31
citado por Correa).
En este sentido los países en
vías de desarrollo se caracterizan por una desaceleración de la producción y el
comercio, crisis económicas permanentes y no se cubren los niveles mínimos de
bienestar, así como deficiencias culturales en su población como lo son: Niveles
críticos de satisfacción, necesidades de básicas insatisfechas, mínima
capacidad económica para alcanzar niveles mínimos de consumo y sufragar los
gastos mínimos en materia de servicios,
mientras que en América Latina y el Caribe, los países deben redoblar
esfuerzos para promover el crecimiento económico, incrementar la productividad
y el desarrollo social de la región, para conseguirlo la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, ha propuesto un cambio estructural[4]
progresivo como motor del desarrollo económico y social el cual requiere nuevas
formas de participación del sector privado, y la sociedad civil, en la
formulación e implementación de políticas públicas a mediano y largo plazo.
(anexo 1)
México durante el sexenio de Miguel de la Madrid (1982-1988), comienza a
llevarse a cabo las reformas constitucionales para establecer un nuevo sistema
de desarrollo con la participación del Estado, el Sector Privado y el Sector
Social (José Martínez Vilchis, 2007). Las reformas continuaron durante los
sexenios siguientes hasta profundizar en las privatizaciones, el adelgazamiento
del aparato gubernamental, así como la modernización de la administración
pública.
[1] Rentabilidad de un producto o
servicio: es la capacidad que tiene para generar suficiente ganancia: por
ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que gastos; un
servicio es rentable siempre que los beneficios económicos que nos aporte sean
suficientemente superiores a los gastos que nos genere
[2]
Sada Correa Heidi Claudia e Sada
Correa Ingrid Fabiola - evolución y análisis institucional del esquema de
asociaciones público- privadas en México. Pag 28-72
[3]
La gobernabilidad se refiere a dos conceptos. La
primera, surgida de los informes de Banco Mundial, la define como un estilo de
gobierno caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre el
Estado y actores no estatales en el interior de redes de decisiones mixtas
públicas y privadas. La segunda se define como un conjunto de modalidades de
coordinación de las acciones individuales, entendidas como fuentes primarias de
construcción del orden social; es probable que sea derivada del campo de la
economía de costos y transacciones. Por extensión, gobernabilidad es definida
como cualquier forma de coordinación social.
[4]
El cambio estructural se define como la transición
hacia actividades y sectores con mayor dinamismo productivo y más intensivos en
conocimientos tecnológicos (CEPAL, 2012).
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